Miles de sensores ya están desplegados en calles: cámaras que cuentan peatones, semáforos que registran la densidad del tráfico, estaciones que miden en tiempo real la calidad del aire. En 2023 había más de 16.000 millones de dispositivos conectados a nivel global, muchos de ellos en entornos urbanos. La tendencia es clara: las ciudades se digitalizan a gran velocidad para gestionar movilidad, energía y seguridad.
La promesa es eficiencia y sostenibilidad, pero también existen riesgos documentados. El fracaso del proyecto de Sidewalk Labs en Toronto por ejemplo, muestra que la gobernanza de datos no es un debate teórico, sino un desafío real. El dilema es inmediato: aprovechar los beneficios de la digitalización sin convertir la ciudad en un espacio de vigilancia masiva.
¿Por qué los datos son el nervio vital de la ciudad?
Las ciudades concentran más del 70 % de las emisiones globales de CO₂ en un mundo donde cada vez más habitantes dependen de servicios urbanos. Reducir esas emisiones exige decisiones urgentes sobre transporte, energía y movilidad: el objetivo climático se juega en los datos.
En la práctica, los sensores de movilidad alimentan algoritmos que redirigen el tráfico, los medidores de calidad del aire generan alertas en tiempo real y las cámaras de videovigilancia apoyan labores policiales. Todo esto produce una inmensa marea de datos que, si se gestiona con visión estratégica, puede mejorar la calidad de vida urbana. Pero la gobernanza no es solo técnica: es política.
Innovación bajo sospecha
En Ámsterdam, se canceló un ambicioso proyecto de semáforos inteligentes debido a preocupaciones por la privacidad, la protección de datos y la ciberseguridad. La Autoridad de Protección de Datos neerlandesa (DPA) advirtió que estos sistemas podían recolectar trayectos completos, identificando a las personas sin su consentimiento.
Este episodio ilustra con claridad el riesgo: lo que se plantea como solución urbana puede derivar en vigilancia encubierta. El entusiasmo por la digitalización debe equilibrarse con garantías sólidas para los derechos ciudadanos.
“Una gobernanza adecuada exige definir y asignar claramente responsabilidades.”
Modelos alternativos: la ciudad como laboratorio
No todas las historias son de fracaso. Existen ejemplos que apuntan hacia otra dirección. En Barcelona, el proyecto europeo DECODE apostó por la soberanía ciudadana sobre los datos. A través de arquitecturas descentralizadas, los habitantes podían decidir qué compartir y con quién. En Toronto, una iniciativa de señalización urbana con iconos y códigos QR informaba a los peatones qué datos se recogían, con qué propósito y si eran identificables. Más recientemente, el proyecto europeo MobiSpaces ha desarrollado una plataforma de gobernanza sostenible de datos de movilidad orientada a reducir el impacto ambiental sin sacrificar privacidad.
Estos casos muestran que es posible experimentar con arquitecturas más inclusivas y transparentes, aunque aún son pilotos y no modelos consolidados.
El potencial de los datos abiertos
La desconfianza hacia la digitalización no debe ocultar el potencial de los datos abiertos. Bien gobernados, pueden convertirse en un catalizador democrático. Los portales de datos abiertos en transporte han permitido mejoras en movilidad y han fomentado innovación ciudadana en ciudades como Helsinki o Barcelona. La apertura de datos ha generado ecosistemas de innovación cívica y emprendimiento social.
El problema surge cuando la apertura no viene acompañada de reglas claras. Puede derivar en explotación comercial sin retorno social o incluso en discriminación algorítmica. La confianza ciudadana se erosiona si no existen mecanismos de rendición de cuentas.
Propuestas para una gobernanza responsable
El futuro de las ciudades digitales exige medidas concretas. La primera es política: la Unión Europea necesita estándares claros de gobernanza de datos que aseguren privacidad e interoperabilidad en las smart cities, integrando estos principios en el futuro AI Act.
La segunda es local: los municipios deberían crear oficinas de datos urbanos con participación real de la ciudadanía, no solo de técnicos y políticos. También son imprescindibles prácticas visibles, como señalización clara sobre la recolección de información, auditorías ciudadanas periódicas y protocolos de consentimiento dinámico que permitan a cada persona ajustar qué datos comparte en cada momento.
En el plano tecnológico, se abren posibilidades con arquitecturas descentralizadas basadas en blockchain o con sistemas de identidades digitales soberanas, que devuelvan el control a quienes generan los datos.
“El consentimiento dinámico será la próxima frontera en la gestión de datos urbanos.” (Frontiers in Sustainable Cities, 2021)
La gobernanza de datos en ciudades inteligentes no es un debate técnico, sino un dilema democrático. El futuro urbano se bifurca en dos caminos: ciudades que usan los datos para empoderar a sus ciudadanos y ciudades que los utilizan para vigilarlos. El reto está en nuestras manos. Podemos exigir transparencia, control ciudadano y normas claras o resignarnos a un sistema que nos observa sin garantías. La decisión no es abstracta: proyectos reales ya muestran las dos caras de este dilema. ¿Qué tipo de ciudad quieres habitar?
